En 1992 el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se realizó en un Perú atravesado por una crisis social y política intensa. Veníamos de una década de fuerte deterioro económico y de desigualdades educativas: muchos colegios tenían carencias serias de infraestructura y materiales, y la preparación preuniversitaria dependía mucho del acceso a academias. A la vez, el conflicto interno armado (Sendero Luminoso y el MRTA) mantenía un clima de inseguridad que afectaba directamente a instituciones públicas, incluidas las universidades, donde se reforzaron controles y medidas de vigilancia.
Ese mismo año ocurrió el autogolpe del 5 de abril de 1992, que marcó un punto de quiebre institucional y endureció el ambiente político. Aunque el examen como tal es un evento académico, se desarrolló en un país con alta tensión, lo que hacía más estricta la logística del proceso: verificación de identidad, control de ingreso y presencia de seguridad en los alrededores del campus eran parte del panorama.
En lo académico, la UNI mantenía su tradición de evaluar con dureza las bases científicas: la matemática solía ser el eje central por su carácter selectivo, y física y química exigían no solo memoria sino capacidad de modelar y razonar bajo presión. En términos prácticos, ese examen reflejaba la idea clásica de la UNI: seleccionar a quienes podían sostener un entrenamiento universitario exigente en ingeniería y ciencias, incluso en un contexto nacional adverso.
